El pasado domingo, a partir de las 8 de la noche, millones de hogares peruanos siguieron, por media docena de canales de televisión y múltiples plataformas en las redes sociales, el debate entre la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez, que disputan este 7 de junio la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. No hubo un claro ganador en la confrontación televisiva y, en esa medida, la contienda –donde las encuestas le dan una ligera ventaja a la candidata de Fuerza Popular– seguirá siendo reñida.
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Cinco grandes firmas publicaron sus sondeos en los últimos diez días antes del inicio de la veda de publicación de encuestas que será mañana jueves. Fujimori se mueve entre 38 por ciento y 43 por ciento de intención de voto, y Sánchez entre 33 por ciento y 38 por ciento, cifras que se acercan al empate técnico, aunque en todas las mediciones, la candidata de Fuerza Popular va primera. Pero esos mismos sondeos registran una franja de indecisos en torno al 14 por ciento, cuyo comportamiento es una gran incógnita. La semana pasada, en declaraciones a la radio RPP Noticias, Omar Castro, de la encuestadora CPI, explicó que esa porción del electorado “va a romper el empate técnico (…) y va a decidirse definitivamente por uno de ellos dos”.
La buena noticia para Fujimori es que, hace un mes, sondeos iniciales le daban la victoria a Sánchez, aunque siempre por un margen muy estrecho, mientras que ahora ella gana en todas. De hecho, Datum, una reconocida encuestadora, le da más de cuatro puntos de ventaja en una investigación para El Comercio de Lima. La mala noticia es que, en los sondeos previos a la primera vuelta, todos los estudios tendieron a subvalorar el voto por Sánchez, a quien casi ninguna de las firmas de opinión le otorgaba posibilidades serias de pasar a la segunda vuelta. Si en las encuestas de estos días esa subvaloración siguió existiendo, el izquierdista podría ganar el domingo próximo.
Simpatizantes de Keiko Fujimori, candidata presidencial del partido Fuerza Popular. Foto: AFP
Pero si las encuestas tienen razón y quien se impone es Fujimori, será la séptima elección nacional en línea que la derecha gana en América Latina. En 2025, esa corriente registró las victorias de Daniel Noboa en las presidenciales de Ecuador, de Rodrigo Paz en las de Bolivia, de José Antonio Kast en las de Chile y de Nasry Asfura en las de Honduras, así como el triunfo parlamentario de las listas del presidente argentino Javier Milei. Y en febrero de 2026, la derecha ganó con Laura Fernández la presidencia de Costa Rica.
(…) la izquierda solo puede aspirar a perdurar si es capaz de transformar las condiciones de vida de la gente”.
Gabriel BoricExpresidente izquierdista de Chile
Eso sin contar los triunfos en primera vuelta de Fujimori, en abril, y del abogado Abelardo de la Espriella, este domingo en Colombia. La mala gestión económica, los escándalos de corrupción, las derivas autoritarias y en contra del Estado de derecho y, de manera particular, el aumento de la inseguridad, se han convertido en los talones de Aquiles de la izquierda latinoamericana que, en las dos primeras décadas del siglo, protagonizó la ola que tiñó de color rosa el mapa de la región.
En declaraciones a El País de España, el expresidente izquierdista de Chile, Gabriel Boric, cuya candidata Jeannette Jara fue duramente derrotada en noviembre por el derechista Kast, hizo un análisis descarnado del retroceso de la llamada corriente progresista. Para Boric, la izquierda “solo puede aspirar a perdurar si es capaz de transformar las condiciones de vida de la gente”.
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En vez de eso, en la gran mayoría de los experimentos izquierdistas de la región, han primado el discurso ideológico y las arengas de corte populista, mucho más que las realizaciones. Y eso ha sido especialmente dramático en países como Colombia y Perú.
Es la cuarta vez que Keiko Fujimori, de 51 años, consigue clasificar a la segunda vuelta de las presidenciales. En las tres ocasiones anteriores, perdió: en 2011 contra el populista Ollanta Humala, en 2016 contra el centro-derechista Pedro Pablo Kuczynski y hace cinco años contra el izquierdista Pedro Castillo. De ellos, Kuczynski y Castillo no terminaron sus mandatos, el primero por el escándalo Odebrecht y el segundo por intentar, en diciembre de 2022, un golpe de Estado al ordenar el cierre del Congreso.
La inseguridad manda
Castillo está preso y Kuczynski, en libertad condicional. En cuanto a Humala, logró terminar su mandato, pero fue luego procesado por haber recibido dinero de Odebrecht y condenado por lavado de activos. Sus casos contribuyeron a la inestabilidad gubernamental que ha marcado al Perú en los años recientes. En diez años, de nueve mandatarios juramentados, solo tres se posesionaron como resultado de una elección popular, mientras que los otros fueron designados por el Congreso, en reemplazo de alguno de los destituidos.
El candidato presidencial Roberto Sánchez participa en un ritual indígena. Foto: AFP
En cuanto a Sánchez, de 57 años, entre julio de 2021 y diciembre de 2022 fue ministro de Comercio Exterior y Turismo del presidente Castillo, y dejó el cargo cuando éste fue defenestrado y encarcelado, tras fracasar su intentona golpista. De profesión psicólogo, ocupa una curul en el Congreso y lidera el partido Juntos por el Perú, a cuyo nombre se presentó a la elección presidencial.
Consciente de las resistencias que su nombre genera entre grandes, medianos y pequeños empresarios, por ser el heredero del populista Castillo, ha intentado enviar mensajes de tranquilidad y ha garantizado su “respeto por la propiedad privada”, al tiempo que ha asumido dos compromisos concretos: “No intervendré la economía” y “no expropiaré”. En el debate televisado del domingo, sin embargo, Fujimori puso en evidencia que algunos de los líderes que lo acompañan, como el controvertido exmilitar Antauro Humala, hermano del expresidente Ollanta Humala, no expresan ese mismo apego por la estabilidad económica.
A pesar de tantos sobresaltos políticos y de la inestabilidad gubernamental de estos años, la economía peruana se ha mostrado sólida y resiliente. El año pasado, el PIB creció un 3,8 por ciento, muy por encima del 2,2 por ciento promedio de la región latinoamericana. En la década previa a la pandemia del covid-19, la actividad económica del país tuvo alzas anuales en torno al 4 por ciento. La pobreza, que superaba el 60 por ciento hace veinte años, cayó a menos de la mitad en 2024. Los estudios de opinión muestran que, en consecuencia, los asuntos económicos y sociales no ocupan el primer lugar entre las preocupaciones de los electores.
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Al discurso de lucha contra los criminales de Fujimori le favorece que, en esos mismos estudios de opinión, una amplia mayoría de los 27 millones de peruanos habilitados para sufragar –y de los cuales votaron en primera vuelta 20 millones– expresa su honda preocupación por la inseguridad. En varias encuestas de abril y mayo, ocho de cada diez habitantes de Lima y Callao –que concentran una tercera parte del electorado del país– expresaron que su principal inquietud es la inseguridad en su barrio y en las calles del conglomerado urbano capitalino.
Aun así, el crecimiento que le permitió a Castillo pasar a segunda vuelta y estar ahora con el 35 por ciento o más de la intención de voto para las votaciones de este domingo tiene que ver con un paquete de promesas de corte populista con las que ha conseguido ganar votos en poblaciones medianas y pequeñas, y en las zonas rurales. Según la más reciente encuesta de Ipsos, mientras Fujimori gana en la capital con más del 52 por ciento contra menos del 28 por ciento de Sánchez, el izquierdista se impone en las áreas rurales con 54 por ciento a 25 por ciento.
Un domingo caliente
Tras la celebración de la primera vuelta el domingo 12 de abril, el conteo de votos se convirtió en una pesadilla. El martes 14 por la tarde, y después de varios colapsos en el sistema de información de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe), los boletines apenas contabilizaban el 78 por ciento de las mesas, y aún no estaba claro quién acompañaría a Fujimori a la segunda vuelta, si Sánchez o el exalcalde de Lima, Rafael López-Aliaga. Solo el 15 de mayo, 33 días después de la votación, la Onpe divulgó el resultado final que dejó por fuera a López-Aliaga.
Keiko Fujimori (d) y Roberto Sánchez posan durante un debate presidencial en Lima (Perú). Foto: EFE / Paolo Aguilar
La Onpe y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se comprometieron la semana pasada a garantizar que las cifras de la segunda vuelta fluyan mucho más rápido. Pero si la votación resulta tan reñida como predicen las encuestas, la noche del domingo puede terminar siendo muy larga y la jornada, tensa y caliente. “Puede ocurrir que los primeros boletines fluyan fácil desde la capital, donde gana Fujimori, y que a medida que avanza la noche y llegan informes de las provincias, Sánchez acorte distancias o incluso pase al primer lugar”, le explicó este lunes a EL TIEMPO un observador diplomático europeo, que debe viajar a Lima para los comicios.
“Un escenario así asusta, pues puede abrir las puertas a los reclamos de fraude, y eso sería terrible, ya que a la inestabilidad gubernamental de más de diez años no se le puede añadir ahora una deslegitimación del resultado electoral”, agregó la fuente. Según el observador, “la Onpe y el JNE les han comunicado a los observadores que todo funcionará mucho mejor este domingo”.
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Pero eso no es nada comparado con las dificultades que enfrentará el ganador, sea Keiko Fujimori o Roberto Sánchez. Ninguno cuenta con mayorías en el Congreso, que a partir de ahora vuelve a ser bicameral, con una Cámara de diputados y un Senado, tras 32 años de unicameralidad. Fujimori lidera el partido con más escaños en ambas corporaciones: tiene 20 de 60 senadores y 41 de 130 diputados, pero en ambos casos está lejos de las mayorías. Sánchez tiene 14 senadores y 32 diputados. Cualquiera que gane se verá obligado a hacer alianzas para asegurarse una mayoría parlamentaria y evitar así correr la misma suerte que seis de sus diez antecesores, que terminaron destituidos por el Congreso.
Mauricio Vargas – Analista Senior – EL TIEMPO
